La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó a finales de 2025 la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, un marco jurídico moderno que sustituye normativas anteriores y fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La ley establece principios claros para promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.
Esta legislación prioriza proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible, la innovación productiva y la soberanía científica. Además, crea mejores condiciones para la colaboración entre universidades, centros de investigación y el sector productivo.
Con su entrada en vigor, Cuba busca impulsar una mayor integración de la ciencia y la tecnología en la solución de problemas nacionales, fomentando la innovación como motor principal del progreso económico y social del país.