Tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Cuba quedó devastada. La larga lucha independentista contra España, combinada con la intervención militar estadounidense, dejó la economía en ruinas, títulos de propiedad destruidos o incompletos, deudas impagables y un vacío de poder. En ese escenario de fragilidad, Estados Unidos y sus capitales llevaron a cabo un proceso de apropiación masiva de las tierras más fértiles de la isla. Lo que algunos historiadores describen como “acumulación primitiva” o apropiación primaria no fue solo una serie de compras comerciales, sino un mecanismo político-militar que facilitó el control de recursos estratégicos bajo la apariencia de legalidad.
El contexto de la posguerra y la ocupación
España firmó el Tratado de París en diciembre de 1898 y renunció a Cuba. Estados Unidos ocupó militarmente la isla entre 1898 y 1902. Durante esos años, las autoridades de ocupación emitieron órdenes que transformaron el mercado de tierras. La Orden Militar 62 de 1902, sobre el deslinde y división de haciendas comuneras, hatos y corrales, obligó a presentar títulos y facilitó la medición y comercialización de terrenos que antes tenían formas de posesión colectiva o imperfecta. Muchos campesinos y propietarios locales, sin documentos o sin capital para defenderlos, perdieron o se vieron forzados a vender. Las mejores tierras —especialmente las vírgenes y fértiles de Oriente y Camagüey— quedaron disponibles a precios irrisorios.
Empresas y sindicatos estadounidenses, respaldados por abogados y capital, se lanzaron a comprar. Compañías como United Fruit, Francisco Sugar Co. y otras adquirieron miles de caballerías para convertirlas en latifundios azucareros. Se estima que en pocos años decenas de miles de hectáreas pasaron a manos norteamericanas. La debilidad de la Cuba de posguerra —destrucción de infraestructura, quiebras y desorganización administrativa— fue el terreno fértil para esta transferencia.
La Enmienda Platt: el marco político de la apropiación
El retiro de las tropas estadounidenses no fue incondicional. En 1901, el Congreso de Estados Unidos impuso la Enmienda Platt, que Cuba debió incorporar a su Constitución y ratificar en un tratado de 1903. Esta enmienda otorgaba a Washington el derecho de intervenir “para preservar la independencia cubana” y “proteger la vida, la propiedad y la libertad individual”. En la práctica, garantizaba la seguridad de las inversiones estadounidenses. Limitaba la soberanía cubana en materia de tratados y deudas, y obligaba a arrendar o vender tierras para bases navales.
Bajo este paraguas, el capital estadounidense se expandió con confianza. Hacia la década de 1920, las empresas norteamericanas controlaban una porción dominante de la industria azucarera y de las mejores tierras cultivables. La reciprocidad comercial y el acceso privilegiado al mercado estadounidense consolidaron el modelo de monocultivo de exportación, en el que la riqueza generada fluía principalmente hacia el exterior.
Guantánamo: el caso paradigmático de control territorial
El ejemplo más visible de esta apropiación es la Bahía de Guantánamo. En 1903, en cumplimiento de la Enmienda Platt, Cuba arrendó a Estados Unidos aproximadamente 45 millas cuadradas de tierra y agua para una estación naval y de carboneras. El acuerdo establece un arrendamiento a perpetuidad, con una renta simbólica inicial de 2.000 dólares de oro al año. Estados Unidos ejerce “jurisdicción y control completos”, mientras Cuba retiene una “soberanía última” formal. El tratado de 1934 eliminó la mayoría de las cláusulas intervencionistas de la Enmienda Platt, pero mantuvo el arrendamiento de Guantánamo, que sigue vigente.
Este enclave no fue una conquista militar directa posterior a 1898, sino el resultado de una imposición política sobre un Estado naciente y vulnerable.
Consecuencias y caracterización histórica
El resultado fue una concentración de la propiedad de las tierras más productivas en manos extranjeras, el desplazamiento de pequeños y medianos propietarios, y la subordinación de la economía cubana a los intereses del capital azucarero estadounidense. Cuando la Revolución de 1959 nacionalizó estas propiedades (a través de la Reforma Agraria y leyes posteriores), Estados Unidos las reclamó como confiscaciones ilegales, sin reconocer el contexto de debilidad y dependencia en el que se habían adquirido.
Desde una perspectiva crítica, este proceso se inscribe en la lógica de la apropiación primaria: la separación de los productores de sus medios de subsistencia y el traspaso de recursos naturales estratégicos hacia el capital dominante, facilitado por la superioridad militar y política. No se trató solo de “inversiones libres”, sino de un aprovechamiento sistemático de la destrucción de la guerra y de la imposición de un régimen de semi-protectorado.
La historia de las mejores tierras de Cuba en manos estadounidenses no es un episodio aislado de compraventa. Es el producto de una posguerra en la que el poderío de una potencia emergente convirtió la debilidad de una nación naciente en oportunidad de control económico y territorial.
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